Imagen de Informe Semanal. TVE  

        Estamos viviendo unas semanas bastante convulsas, y en la vida nacional quiero referirme a un hecho aparentemente menor, pero que nos retrotrae a las prácticas más zafias y casposas de las que jalonan nuestra actualidad: la condena de las obras de recuperación que se están llevando a cabo en Fraguas, un pequeño pueblo abandonado de Guadalajara.

          Sucede que un grupo de jóvenes tuvo la idea de ponerse a rehabilitar y recuperar un pueblo abandonado y en ruinas. El gobierno de Castilla la Mancha, propietario de los terrenos, les denunció, y la Justicia les ha condenado a un año y nueve meses de cárcel, a una indemnización o multa de casi 30.000 euros y a ¡destruir! lo construido. Por alguna razón se ha desatado contra estos jóvenes una respuesta de auténtico ensañamiento; ignoro si este término se encuentra en la solemne prosa de los sacerdotes de la Justicia, aunque, sin duda, hay que agradecer que no hayan condenado también a sufrir castigos corporales a estos benefactores del medio, como sin duda les habría apetecido. Por otra parte, ni la Junta ni la Justicia han actuado nunca con tal beligerancia, casi ferocidad, en casos semejantes, ni siquiera en los asuntos de corrupción.

           Todo empezó hace 50 años cuando se expropió el pueblo y se expulsó a sus vecinos ¡para plantar pinos! Por supuesto, no vamos a indagar en lo que se pagó a esta gente ni en los motivos reales del prócer que decretó la muerte de este pueblo, porque no queremos aumentar nuestra indignación con la vergüenza y la repugnancia. Pero no es un hecho insólito, otros pueblos han sido expropiados, por ejemplo, para hacer un pantano que después nunca se llegó a construir. Estos casos siempre han tenido el gran aliciente de agredir a gente especialmente indefensa.

        Claro que cuando oímos los argumentos de D. Enrique Cubero, Director General de Política Forestal y Espacios Naturales (nada menos) del gobierno regional manchego, y de la propia Junta, comprendemos un poco mejor las ideas y supersticiones (en el mejor de los casos) que parecen regir en los gerifaltes de Castilla la Mancha. Las razones esgrimidas producirían un ataque de hilaridad, si no fuera porque rebelan un grado de zafiedad e ignorancia excesivas incluso para un político (o un alto funcionario ‘politizado’) y no exentas incluso de hostilidad manifiesta. Baste una pequeña referencia a su argumentario:

• La actuación no es sostenible medioambientalmente. Eliminación de la cubierta vegetal (sic) – Organizaciones ecologistas se han mostrado solidarias con los restauradores, que están trabajando también en repoblar con especies forestales autóctonas.
• Afección a la fauna silvestre. – Sin comentarios.
• La presencia de maquinaria puede producir deflagraciones e incendios. – Es emocionante tanta previsión, aunque, evidentemente, nos lleva a prohibir todas las obras en el medio rural.
• Puede producir un efecto llamada. – Naturalmente, y eso no se puede tolerar en un lugar de los más abandonados y despoblados de Europa.

       En suma, que donde esté una buena ruina abandonada que se quiten los pueblos rescatados y habitados, máxime si algún habitante originario está también por la labor y el regreso.

         Un triste caso en el que se junta el hambre con las ganas de comer: unos políticos de una pieza y una Justicia de la de 10 meses de cárcel por robar un bocadillo, entre otras hazañas togadas.