Aun siendo consciente de que hablar de aranceles puede sonar muy mal, me atrevo a proponerlos por razones de pura y elemental lógica. Y también de justicia.

      Son muchos los factores que conforman los precios y es un mundo a veces difícil de precisar. Está el conocido ejemplo de la crema de señora cuyo precio ‘objetivo’ serían 20 euros, pero que se vende mejor a 150 por resultar ‘más comercial’. Obviamente, no nos referiremos a los casos más o menos especiales de mercados raros o selectivos, sino a los productos que se pueden considerar de consumo más habitual y general. Las diferencias en la formación de estos precios es tan desigual y suponen tantas consecuencias adversas que no parece que resulte disparatado reclamar alguna racionalidad y aproximación en este campo.

      El trasvase directo y sin apenas intervención entre países, por decirlo muy esquemáticamente, desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo, resulta objetivamente injusto para ambas partes. Y es algo que sería muy fácil objetivar y precisar con bastante exactitud. Porque, sencillamente, no es justo que tengan que competir unos países con unos costes reales y objetivos que otros países no tienen y ni siquiera contemplan.

      Entre el país receptor y el productor puede calcularse al céntimo esa diferencia de costes tan arbitrariamente eludida que presentan sus productos. Así, habría que comparar una serie de parámetros mínimos que están ahí, por ejemplo, los trabajadores ¿Tienen vacaciones pagadas? si/no. ¿Tienen sindicatos libres? si/no. ¿Tienen asistencia sanitaria? si/no. ¿Tienen jubilación, paro, prestaciones sociales? si/no. ¿Tienen reglamentaciones y control sobre las condiciones higiénicas, constructivas y de seguridad de sus centros de trabajo? si/no. Etc. Son costes objetivos que en unos casos existen y en otros, no. La valoración de estos factores y su consiguiente comparación es fácil e inmediata y arrojaría una relación de total exactitud, con ajustes proporcionales a las respuestas. Todo ello con las cautelas y periodos de transición que se juzgaran necesarios, pero siempre con el objetivo claro e inmediato de acabar con este truco del almendruco de algunas marcas consistente en aplicar costes de producción ‘tercermundistas’ a determinados artículos que después venden a precios ‘primermundistas’. Obviamente, los artículos producidos mediante trabajo infantil, quedarían automáticamente proscritos.

      Contando estos factores sí que tendríamos valores de precios justa y perfectamente comparables, y una vez aplicados con estos factores de homogeneización, las ventajas serían claras y cuantiosas para ambas partes.

      En efecto, para los países de origen, productores, supondría entrar en la obligatoriedad de unas formas y medios de producción más acordes con nuestro tiempo, incluso, diríamos, con el mundo civilizado, con beneficio inmediato y directo para los trabajadores de esos países. Para los países «consumidores» sin duda tendría un efecto rápido y seguro sobre el grave problema de las deslocalizaciones.

      Estas formas de aplicar las condiciones de un verdadero comercio justo, incluso nos atrevemos a asegurar que el mejorar las condiciones laborales de estos países más desfavorecidos, supondrían una mejora en el nivel de vida y bienestar general de su población. Y, consecuentemente, en su caso, una disminución de la presión migratoria hacia los países «receptores».

      Tal vez a los que no haría muy felices este planteamiento es a las multinacionales que tienen sus centros de producción en esos países, aprovechando estos costes «más ventajosos». Sin duda, es mucho más rentable tener unas condiciones de producción anteriores a la Revolución Industrial y a una mano de obra trabajando en régimen de esclavitud o semiesclavitud. Pero también era más rentable la esclavitud pura y dura y la Humanidad supo acabar con esa lacra. Ahora solamente se trata de rematar la faena, para acabar de una vez por todas con las formas de esclavitud que siguen perdurando en nuestro mundo.